III CONFERENCIA ESPECIAL PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

DECLARACION

III CONFERENCIA ESPECIAL PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

DE LOS MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES

DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

“POR LOS DERECHOS Y POR LA VIDA”

Buenos Aires, 22 al 25 de marzo de 2012

Introducción y memoria

En Buenos Aires, Argentina, entre los días 22 y 25 de marzo de 2012, el Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria-Coordinación Regional América Latina y El Caribe, CIP-ALC, organizó la III Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y por la Vida que antecedió a la 32ª Conferencia Regional de la FAO.

Provenientes de 20 países, nos reunimos mujeres y hombres representantes de organizaciones campesinas, de la pesca artesanal, la agricultura familiar, trabajadores rurales, jóvenes, Pueblos Originarios, afrodescendientes, la Agroecología, ambientalistas, redes y ONGs, comprometidas con la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación, para analizar el modelo industrial de agricultura, ganadería y pesca y sus efectos sociales, económicos, políticos, culturales y climáticos, y las alternativas basadas en la Soberanía Alimentaria.

Abrimos nuestros sentimientos para ofrendar esta III Conferencia a la memoria de Egidio Brunetto, compañero brasileño del MST, de tantas luchas y forjador de tantas esperanzas: tus ideas y reflexiones y tu compromiso, Compañero, estuvieron presentes en estas jornadas.

Como parte del proceso articulador que los movimientos y organizaciones sociales de América Latina y El Caribe impulsamos desde 2003, la III Conferencia Especial tuvo como objetivos construir un Plan de Acción de la Sociedad Civil para la Soberanía Alimentaria, fortalecer y ampliar las alianzas estratégicas y elaborar nuestras propuestas y recomendaciones para la 32ª Conferencia Regional de FAO.

Reafirmación y solidaridad

Refirmando que la Soberanía Alimentaria es un principio, una visión y un legado construido por los Pueblos Indígenas, campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales, mujeres, afrodescendientes, jóvenes y trabajadores rurales, que se ha convertido en una plataforma aglutinadora de nuestras luchas y en una propuesta para la sociedad en su conjunto.

El día 24 de marzo, Día de la Memoria en este país, nos honramos de marchar junto a cientos de miles de argentinos, a 36 años del comienzo de una de las dictaduras militares más sangrientas del continente, para exigir Memoria, Verdad y Justicia, por las que aún lucha el pueblo argentino. Nos emocionó la fuerza y la convicción de esa lucha, simbolizada por la tenacidad de las Madres de Plaza de Mayo, a quienes simbólicamente abrazamos.

Nuevamente nos solidarizamos, y llamamos a los pueblos de América Latina y el Caribe y el mundo, a reforzar la solidaridad con la extrema situación que enfrenta el hermano pueblo haitiano. Exigimos el retiro de la fuerza de ocupación multinacional en Haití (MINUSTAH), que ahonda la crisis y genera aún más problemas como cólera, abusos sexuales, miseria, violación de la soberanía nacional y migración forzada, represión contra las fuerzas democráticas. La fuerza de ocupación multinacional allana la llegada masiva de empresas transnacionales del Norte y del Sur que –con estrategias agresivas de pillaje– quieren tomar el control de los bienes estratégicos del país, aumentando la miseria y socavando aún más las posibilidades de conquistar la Soberanía Alimentaria y la justa reparación de las deudas sociales, ambientales, financieras e históricas de las que el pueblo haitiano es acreedor. Se debe respetar la voluntad y la autodeterminación del Pueblo haitiano para crear las condiciones mínimas de reconstrucción de su país, en una trágica coyuntura después del devastador terremoto del 12 de enero 2010.

Saludamos y nos solidarizamos con la Marcha Indígena, Campesina y Popular en Guatemala, conformada por miles de mujeres, hombres, jóvenes y niños que se movilizan hacia la capital para exigir al gobierno que atienda sus demandas de resolver la problemática agraria que les afecta y en rechazo a los desalojos violentos que se han dado en el país, generado muertos, hambre y pobreza en las comunidades.

Demandamos la solución inmediata a los conflictos por la tierra en el Bajo Aguán, en Honduras, y exigimos frenar los abusos y asesinatos contra campesinos y campesinas que exigen una Reforma Agraria Integral.

Esta Conferencia manifiesta su solidaridad con todos los hombres y mujeres del mundo, que por sus luchas se encuentran perseguidos y/o encarcelados.

Denuncia y rechazo

La III Conferencia Especial denuncia y rechaza, una vez más, al modelo de producción y consumo hegemónico que continúa generando hambre y pobreza crecientes en el mundo y la región. Estas no son producto ni de la casualidad ni de la falta de alimentos, sino de un modelo que viola el derecho a la vida digna de las personas y los pueblos, acrecienta la subordinación de la mujer, invisibilizando su rol determinante en la producción de alimentos y en la construcción de la Soberanía Alimentaria.

Un modelo que explota al máximo a los trabajadores y trabajadoras, tanto en el campo como en la ciudad; precarizando las relaciones e incumpliendo las legislaciones laborales, devaluando salarios mínimos en el campo, aumentando el trabajo temporal y generando migración interna e inmigración en búsqueda de trabajo, y especial vulnerabilidad las zonas de frontera.

Un modelo que expone a la Pesca Artesanal a un conjunto de problemas tales como falta de acceso a las regiones de pesca, competencia con otras flotas, falta de un marco legal adecuado, y condiciones socio-económicas precarias que afectan la comercialización de sus productos. La sobrecapacidad de las pesquerías industriales, la sobrepesca de los bienes tradicionales y la acuicultura industrial, generan un escenario de conflictividad creciente y amenazan al medio de vida de este sector: los ecosistemas marino costeros y sus pesquería. Estas problemáticas se perpetúan ante la ausencia de políticas pesqueras que establezcan reglas claras para todos los actores; las fallas en el sistema de administración, control y fiscalización; la falta de transparencia y participación en la toma de decisiones; y la sobre-capitalización de la industria.

Un modelo que fomenta el avance acelerado del acaparamiento de la tierra en todo el continente. Entre las causas que lo explican se encuentran el brutal avance del agronegocio en todo el continente, el mismo agronegocio que ha llevado a la humanidad a la inédita cifra de más de mil millones de hambrientos. Otra causa la constituye el avance de la minería a gran escala en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, México y Guatemala, así como los mega proyectos hidroeléctricos y los grandes emprendimientos turísticos que se apropian de espacios comunes; y las falsas soluciones al cambio climático, como los proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación), REDD+, REDD++ y las plantaciones de monocultivos para la producción de biomasa con fines energéticos.

La concentración de la tierra, bosques y cuerpos de agua de los Pueblos en manos de las transnacionales, conduce a una guerra por los alimentos y abre la posibilidad del control político sobre las naciones. La mercantilización de la tierra promocionada por el Banco Mundial ha seguido impulsando la concentración y la extranjerización de la tierra y la pérdida de territorios, constituyendo una de las mayores causas de expulsión de campesinos, afrodescendientes y Pueblos Indígenas de sus tierras y comunidades. Asimismo, los pescadores y pueblos del Manglar son expulsados de las zonas costeras y sus derechos son limitados sobre las zonas marítimas.

Un modelo responsable de las crisis climática y de la biodiversidad, cuyos efectos ponen en riesgo, como nunca antes en la historia de la humanidad, a los ecosistemas que mantienen la vida, afectando con especial violencia a los afrodescendientes, campesinos, pueblos originarios y pescadores artesanales. Mientras tanto, sus responsables, las transnacionales y los países del Norte, se benefician de las soluciones de mercado establecidas en el marco de las negociaciones de la Convenciones de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y sobre Diversidad Biológica. En tanto, y a través de falsas soluciones a las crisis que han generado, intentan avanzar aún más sobre los territorios, mercantilizando y privatizando la naturaleza y la vida. Rechazamos a la denominada “Economía Verde” como salida a las crisis climática y alimentaria.

Este modelo –industrial, intensivo, a gran escala, concentrador, dirigido a la exportación de productos primarios, liderado por las transnacionales y altamente dependiente de insumos químicos– destruye y remplaza los sistemas que alimentan a los pueblos al transformar los alimentos en meras mercancías importadas y exportadas alrededor del mundo, a cambio del precio más alto y la mayor tasa de ganancia del capital.

Un modelo que especula a gran escala con los alimentos, lo que sumado a la concentración de la comercialización, redunda en el alza injustificada de los precios esencialmente vinculada a la búsqueda de beneficios de las empresas transnacionales y el sector financiero.

A pesar de la amplísima evidencia sobre los nefastos efectos del modelo neoliberal en todo el mundo, el sistema internacional, los gobiernos y las transnacionales continúan sometiendo al planeta a un desarrollo que agota las posibilidades mismas de la vida, convirtiendo a las personas en meros agentes productivos, sin rostro y sin historia. La liberalización económica y la arquitectura legal internacional sobre inversiones extranjeras están directamente relacionadas con el crecimiento de la pobreza y el hambre en la región.

Un modelo que reprime con violencia a los pueblos que resisten la ocupación de sus territorios para la producción dirigida a la exportación de productos primarios (minerales, madera, alimentos, agrocombustibles, entre otros), constituye un síntoma evidente de un problema estructural, que si no es encarado de manera inmediata por los gobiernos, a través de políticas públicas adecuadas, puede transformarse en una situación explosiva.

Por lo tanto, la disyuntiva actual es, o promover un modelo basado en los agronegocios, los agrocombustibles y en la pesca de gran escala, orientados todos a la exportación y para lucro de unas pocas trasnacionales, o bien impulsar la Agroecología –expresión cultural, política, económica, social, ambiental y técnico-productiva de la agricultura campesina, familiar e indígena– y la pesca artesanal, basados en la diversidad de sistemas productivos, relaciones de género justas y en la enorme riqueza de conocimientos y prácticas ancestrales acumuladas por generaciones que garantizan la producción de alimentos y el bienestar de los Pueblos y la Biodiversidad.

La tierra y los océanos y demás cuerpos de agua, además de ser medios de reproducción, son espacios y ambientes de vida, de culturas y emotividad, de identidad y espiritualidad. Por lo mismo, no son mercancías ni sumideros de carbono, sino componentes fundamentales para la vida, a los cuales se accede por derecho, de manera inalienable e imprescriptible. Los Estados deben entender que el no ejercicio de la Soberanía Alimentaria compromete gravemente su propia soberanía.

Creemos que la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), resultado del proceso político organizado de los movimientos sociales que luchan por a Soberanía Alimentaria, permite que tengamos la posibilidad de hacer escuchar nuestra voz en la toma de decisiones. Es sin duda un paso importante en la búsqueda por alcanzar un sistema coherente con los derechos de los Pueblos y de la Madre Tierra, la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación Adecuada.

Para ello, debemos fortalecer la participación de los compañeros y las compañeras representantes de campesinos, sin tierra, trabajadores rurales, pescadores artesanales, Pueblos Originarios, afrodescendientes y demás productores de alimentos a pequeña escala, en el Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC), en la incidencia y presión a nuestros gobiernos para implementar los acuerdos tomados por el CSA y dar cumplimiento a nuestras demandas y propuestas, implementando políticas nacionales y regionales de Soberanía Alimentaria.

Señalamos como uno de los primeros resultados de este avance el proceso de las Directrices Voluntarias de la FAO relativas a la Tenencia de la Tierra, las Pesquerías y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional. Después de un proceso participativo de cerca de tres años, el pasado viernes 9 de marzo de 2012 el CSA concluyó las negociaciones intergubernamentales sobre las Directrices, demostrando tener capacidad para convocar al debate a múltiples actores sociales y buscar soluciones a una de las problemáticas más delicadas de la actualidad. Más de 45 personas representando a 20 organizaciones de la Sociedad Civil de todas partes del mundo participaron en esta última ronda de negociaciones.

Las Directrices contribuirán al fortalecimiento de las organizaciones en su larga lucha por asegurar el uso y control de los Bienes Naturales, con el fin de producir alimentos sanos, contribuyendo así a erradicar el hambre en el mundo y sus causas profundas. Asegurar el acceso a la tierra, las pesquerías y los bosques es crucial para permitir a los productores de pequeña escala alimentar al mundo, pero también es cuestión de dignidad, y de vida o muerte, para millones de comunidades de campesinas, de pastores, de Pueblos Indígenas, de pescadores, afrodescendientes y de Pueblos del Manglar.

Sin embargo, manifestamos nuestro desacuerdo con las conclusiones del reporte final “Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe” que, elaborado por la FAO-ALC, plantea que “el fenómeno del Land Grabbing [acaparamiento de tierras] se encuentra en sus fases iniciales y restringidas sólo a dos grandes países: Argentina y Brasil”. Estas conclusiones surgen de aplicar los criterios de acaparamiento en un sentido muy limitado: adquisición de grandes extensiones destinadas a la producción de alimentos, en la que dentro de los agentes/actores que intervienen hay por lo menos un Gobierno extranjero. Además, dicho documento propone como orientador del debate al documento titulado “Informe del Panel de Expertos de Alto Nivel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) sobre Tenencia de la Tierra y las Inversiones Internacionales en la Agricultura” de Julio de 2011, que pasa de la simple denuncia del “acaparamiento de tierras” y reconoce potencialidades en las inversiones extranjeras en tierras.

Si bien los documentos incluidos en el reporte de la FAO-ALC muestran un panorama gravísimo sobre la situación de la tierra en América Latina y El Caribe y el proceso de extranjerización y acaparamiento que está ocurriendo tanto para la producción de alimentos básicos, como de agrocombustibles, producción forestal, turismo, minería o la conservación, entendemos que estas conclusiones son sumamente peligrosas, ya que ocultan y desdibujan –detrás de una supuesta rigurosidad científica y de utilización de términos– un problema de dimensiones espectaculares a nivel de superficies acaparadas, impactos en las economías locales y sobre la vida de millones de campesinos, afrodescendientes, Pueblos Originarios, agricultores familiares y pescadores.

Desde las organizaciones y movimientos sociales que luchamos contra el acaparamiento de tierras en todo el mundo demandamos que la FAO-ALC replantee urgentemente esta posición, escuchando las voces de los pueblos y sus reclamos, y acompasando su accionar con el proceso implementado por la FAO a nivel internacional. Lo fundamental no es encontrar la definición adecuada al “acaparamiento de tierras” sino poner fin de manera urgente a un proceso que está expulsando a los pueblos de sus territorios cada día.

En ese sentido, también rechazamos la definición de “Bosques” establecida por la FAO, ya que fomenta el acaparamiento de tierras para establecer grandes extensiones de monocultivos. Al permitir que éstos sean definidos como “bosques”, legitiman un monocultivo en escala industrial, responsable por innumerables impactos negativos, incluyendo la expulsión de comunidades campesinas e indígenas.

FUENTE  http://www.coprofam.org