jueves, 23 de enero de 2014

Agricultor chileno ganó demanda a Monsanto

El agricultor no sabía exactamente qué sembraba, no tenía idea de qué era una semilla transgénica; en el contrato figura un nombre de fantasía: maíz Mon49. En el cultivo tenía que usar obligadamente y  en forma intensiva,  más de diez plaguicidas dañinos para la salud y el ambiente. El contrato que firmó lo obligaba a recurrir sólo a la Cámara de Comercio, no podía querellarse en tribunales. El nos explicó que muchos productores también han tenido problemas con Monsanto, pero no acuden a la Cámara porque es muy caro”.
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José Pizarro Montoya, 38 años, agricultor sin tierra, y ex productor de transgénicos en la temporada 2009-2010 en Melipilla (RM), es el primer chileno y quizás el único latinoamericano que le ha ganado una demanda a Monsanto/ANASAC por incumplimiento del contrato. El intentó revelar su caso en el seminario sobre transgénicos organizado en Casa Piedra el 22 de enero por el ministro de Agricultura Luis Mayol. Allí panelistas internacionales y nacionales predicaban las bondades de los cultivos genéticamente modificados. Pizarro sólo quería intervenir para decir que no le recomendaba a ningún campesino trabajar para Monsanto cultivando transgénicos de exportación, porque podía terminar arruinado igual que él, además de dañar la tierra.
En Chile hay aproximadamente 30.000 hectáreas de semilleros de maíz, soya y raps transgénicos de exportación, comercializados por las transnacionales Monsanto, Pioneer y socios chilenos agrupados en ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas. La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile impulsa una moratoria a la posible expansión de estos cultivos al mercado interno y una estricta fiscalización a los semilleros.
En septiembre de 2013, María Elena Rozas coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile y Lucía Sepúlveda conocieron la experiencia de Pizarro y pudieron observar de primera fuente los resultados de las malas prácticas ambientales y comerciales de Monsanto/ANASAC en Chile. “El agricultor no sabía exactamente qué sembraba, no tenía idea de qué era una semilla transgénica; en el contrato figura un nombre de fantasía: maíz Mon49. En el cultivo tenía que usar obligadamente y  en forma intensiva,  más de diez plaguicidas dañinos para la salud y el ambiente. El contrato que firmó lo obligaba a recurrir sólo a la Cámara de Comercio, no podía querellarse en tribunales. El nos explicó que muchos productores también han tenido problemas con Monsanto, pero no acuden a la Cámara porque es muy caro”, señala María Elena Rozas.
La sentencia contra Monsanto
La sentencia favorable a Pizarro en el juicio de rol 1385-11 caratulado como Agrícola Pizarro Ltda. con Agrícola Nacional S.A.C, fue dictada por el juez árbitro de la Cámara de Comercio, Francisco Gazmuri Schleyer. La Corte de Apelaciones de Santiago la confirmó en septiembre de 2013, rechazando el recurso de casación y  queja presentado por la empresa. Pero durante los cuatro meses posteriores la demandada se negó a cumplir el fallo. Por esa razón el agricultor no dio a conocer previamente su caso. Sólo a fines de diciembre de 2013, Pizarro recibió los 37 millones de pesos que la Cámara le ordenó pagar a la empresa, sin embargo esa suma no alcanza a cubrir los daños ocasionados. Los documentos de SAG de Declaración de Semilleros OVM incorporados en la demanda, identifican la solicitud de certificación como de ANASAC Chile (Monsanto) y son cuestionados por Pizarro que acusa complicidad con la empresa.
En el proceso fue decisivo el peritaje del INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria),  elaborado por el ingeniero agrónomo Gabriel Saavedra del Real sobre lo ocurrido. También fue determinante la comparecencia de  Levi Manzur, académico de la Universidad Católica de Valparaíso y destacado genetista de Los Andes, cuyas conclusiones fueron en el mismo sentido de la denuncia del demandante.
Pérdidas millonarias
Pizarro perdió su casa, su máquina fumigadora, un tractor, y su camioneta. Lo abandonó su pareja y no tenía cómo recomenzar. Quedó debiendo 90 millones de pesos al Banco Santander luego de cultivar en Melipilla maíz transgénico de Monsanto para ANASAC. María Elena Rozas comenta: “Lo ocurrido a este productor puede servir de ejemplo para centenares de pequeños productores agrícolas encandilados por promesas de grandes ganancias y trato justo, por parte de las empresas exportadoras de semillas transgénicas. Pero eso ocurre sólo al principio. La gran mayoría de los estafados no denuncia y se hace dependiente de lo que le ofrezca la empresa, que es cada vez menos. Y no hay muchas alternativas en el campo, no hay políticas públicas ni incentivos que favorezcan efectivamente la producción agroecológica; eso es lo que debemos cambiar”.
Pizarro proviene de una familia de agricultores de Los Andes (Región de Valparaíso), y trabajaba con su hermano como hortalicero. Para sembrar transgénicos arrendó en Melipilla 33,07 hectáreas, que son una parte del fundo Rumay del empresario Manuel Ariztía (de la industria de Pollos Ariztía), para producir maíz transgénico para ANASAC (Monsanto). El “gran negocio” de los transgénicos ha sido para Pizarro prácticamente el fin de su vida como agricultor.
Nos explica: “Yo ahora soy un estudioso de los transgénicos, aprendo a través de Internet, y además he averiguado sobre Monsanto y su prontuario criminal.” Cuando tomó conciencia de lo que le había ocurrido, se dirigió a la Agrupación Ecologista de Aconcagua, organización que forma parte de nuestra campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, estableciendo así contacto con RAP-AL Chile  para dar a conocer su caso y denunciar a Monsanto.
Hoy José Pizarro está en la lista negra de la transnacional, y a su vez, para el agricultor, Monsanto pasó a la categoría de empresa corrupta, abusadora y depredadora. “Yo he visto que con el maíz transgénico había ratones muertos a la vera del camino, después que se comían los choclos”, denuncia.
Indicaciones erradas para la siembra
En dos temporadas anteriores Pizarro había obtenido grandes ganancias con el maíz transgénico y la empresa lo consideraba un excelente productor. Nunca antes él se preguntó qué riesgos ambientales o comerciales podía correr tratando con Monsanto. “El año 2009 ellos quisieron hacer un experimento conmigo. Eran 12 agricultores los que estaban sembrando en Chile ese tipo de maíz y sólo a dos nos hicieron sembrar hileras de hembras (de semilla transgénica) y machos (de semilla híbrida) en proporción 4:1; los otros productores sembraron en proporción 4:2. El SAG estaba a cargo de fiscalizar y en mi opinión es cómplice de la empresa, porque en sus informes anotó que yo había sembrado 4:2, lo que estaba a la vista que no era así. Según sus informes,  pareciera que yo hubiera sembrado con las mismas instrucciones que les dieron a los demás productores. Pero no, yo sembré a ciegas, hacía lo que ordenaba la empresa, ni me fijaba en lo que escribía el certificador del SAG porque el contrato me obligaba a seguir estrictamente sus instrucciones.
Quemar el maíz del vecino
Entre las instrucciones del SAG está asegurarse que no haya maíz criollo cerca, porque podría cruzarse con el cultivo transgénico y afectar su multiplicación. SAG vigila que no se perjudique la siembra de transgénicos, pero al productor convencional  no lo protege nadie. Siguiendo las recomendaciones de Monsanto, Pizarro pidió a un vecino que había plantado maíz, que lo sacara. Pero se trataba de una persona mayor, que no aceptó porque quería tener sus propios choclos para humitas en el verano. El productor informó a la empresa y el agrónomo Francisco Araya Vargas, le ordenó “Tírale Roundup” (el herbicida que mata cualquier planta que no sea transgénica). Pizarro prefirió cortar de noche las panojas del maíz del vecino para que no pudieran dar polen y multiplicarse. Lo cuenta con vergüenza.
Costos del juicio
ANASAC Chile /Monsanto a través de su gerente Rodrigo Malagüeño aseguró en el juicio que ningún multiplicador de maíz transgénico los había demandado anteriormente. En general sólo las grandes empresas pueden ir a arbitraje a través de la Cámara de Comercio. Pizarro, que no estaba dispuesto a arruinarse en silencio, se arriesgó. “De partida tuve que pagar $700.000 para que me atendieran y luego $4.400.000 para financiar al juez. Puse una demanda por $218.000.000 y el juez finalmente falló en mi favor pero sólo saqué $37.000.000 que es muchísimo menos de todo lo que he perdido.
Explica Pizarro: “Yo no recibí instrucciones adecuadas para la siembra y por eso la producción fue mala y la liquidación también. El precio se calcula sobre la base de la producción del mismo maíz por otros multiplicadores de la región del Maule, pero ellos recibieron instrucciones diferentes a las que me dieron a mí, y por eso produjeron mucho más que yo. El produjo 106.780 kg de maíz pero la producción real, seleccionada en la procesadora de Lo Espejo de acuerdo a los estándares requeridos por Monsanto, fue sólo de 38.509 kg”.
La sentencia estableció que la empresa “incumplió una obligación de hacer, consistente en prestar los servicios de supervisión técnica de la siembra en forma diligente y dando estricto cumplimiento a las instrucciones del fabricante de la semilla Monsanto, cayendo en incumplimiento contractual negligente”.
La captación de productores rurales
A Pizarro lo buscó Monsanto. Llegaron hasta el predio donde él cultivaba hortalizas en Melipilla y le dijeron que por satélite lo habían ubicado porque el lugar se prestaba para cultivo de maíz transgénico pues no había otro maíz convencional cerca. El primer año (2008) le regalaron la semilla transgénica y el Roundup. Pizarro sólo tuvo que comprar abonos e insecticidas. Incluso le pagaron el arriendo del predio. El sólo debía cuidar el cultivo. Le ofrecieron pagarle tres millones de pesos por hectárea. En 2009 también le dieron la semilla “pero el veneno lo compré yo. Estuve dos días sembrando y a pesar que yo tenía máquinas la empresa me obligó a sembrar con las de ellos, que son más nuevas, eso fue un gasto enorme”, explica el productor rural. Ese mismo año Mosanto compró la división de maíz y soya de ANASAC. Los productores recibieron una nota diciendo que en adelante, debían seguir las instrucciones de ANASAC Chile, es decir de Monsanto, el nuevo dueño. Pero para los efectos comerciales y legales, curiosamente Pizarro debió entenderse con ANASAC SA, cuyo gerente es Rodrigo Malagüeño, una estrategia para no figurar abiertamente en la querella.
Incumplimiento de contrato
El arbitraje de la Cámara de Comercio estableció que ANASAC/Monsanto incumplió su obligación “consistente en prestar los servicios de supervisión técnica de la siembra en forma diligente y dando estricto cumplimiento a las instrucciones del fabricante de la semilla Monsanto”, incurriendo en incumplimiento contractual negligente. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este fallo y no existen más instancias para este tipo de arbitraje. La sentencia de la Corte, firmada por Pilar Aguayo, Carlos Carrillo y la abogado integrante Claudia Schmat, también condenó a ANASAC a pagar los costos de la apelación.
José Pizarro concluye señalando: “Sólo quiero que otros campesinos no tengan que pasar por lo que yo viví. Yo nunca más voy a sembrar transgénicos”.
Por Lucía Sepúlveda Ruiz – Fuente: www.periodismosanador.blogspot.com

lunes, 20 de enero de 2014

DECLARACIÓN PÚBLICA: COMPLOT PARA APROBAR LEY MONSANTO VÍA FAST TRACK




Como organizaciones de pueblos indígenas y ciudadanas, queremos denunciar un maquinación para aprobar mediante un "fast track" la Ley Monsanto, que se tramita actualmente en el Senado de Chile.

Luego de que el martes 07 de enero de 2014 el gobierno le quitara la urgencia legislativa al proyecto de Ley Monsanto, en medio de acusaciones sobre conflictos de interés del Ministro de Agricultura, Luis Mayol, esta semana el proyecto extrañamente se ha reactivado, a pesar de que el mismo Ministro señaló que se volvería a tramitar desde marzo. 

Hemos analizado el tema y nos hemos dado cuenta que hoy, los senadores de la Concertaciòn y de la Alianza, esperan en conjunto el rechazo de la Ley Monsanto, para impulsar la constitución de una tramitación "fast track" de la Ley Monsanto, vía una Comisión Mixta. En vez de paralizarse la tramitación de la Ley, se quiere votar durante enero, para que, ante el rechazo, se arme una Comisión Mixta, compuesta por pocos senadores y diputados, quienes podrán abordar el texto definitivo rapidamente, sin ninguna limitación, para que sea luego votado definitivamente por la Cámara de Diputados y por el Senado sin mayor debate, en bloques de normas y no artículo por artículo. 

Una Comisión mixta es una instancia mutiladora de la discusión y deliberación parlamentaria, es un fast track, que evidentemente acelerará la tramitación de la ley, e impedirá la consulta indígena que aún no ha hecho el Congreso de la Ley Monsanto, e impedirá la discusión en general y particular, las dos votaciones del senado se reducirán a una, sin evaluaciones, sin escuchar a la ciudadanía nuevamente, ni discutir en comisiones y ni en el pleno del senado artículo por artículo, sino en bloque. Una verdadera "Ley de Amarre". 

Las motivaciones para este acuerdo son no manchar el gobierno de Bachelet con la tramitación de la Ley Monsanto en su mandato, y la aprobación fast track vía comisión mixta. Ganan todos, la derecha, la Nueva Mayoría, gana Monsanto: PERDEMOS LOS INDÍGENAS, LOS AGRICULTORES Y LOS CIUDADANOS.

Inclusive, esta ley sólo requiere mayoría simple para aprobarse. Sólo 5 artículos requieren 19 votos (Ley Orgánica, 4/7 de los senadores en ejercicio). Votarla hoy es peligroso por el bajo quorum en caso de aprobación, y por el fast track de la Comisión mixta en caso de rechazo. 

Por tanto pedimos: 

  1. Que la ley Monsanto debe rechazarse, pero con mecanismos que garanticen que ese rechazo sea efectivo, no queremos un rechazo hoy, que active fast tracks, mecanismos espurios y mutiladores mañana. Menos a fin de año, o cuando los ciudanos salen de vacaciones.
  2. Que se paralice la discusión de la la Ley Monsanto, QUE SE LA SAQUE DE LA TABLA DE HOY, que no se vote hoy, para no impulsar el fast track mutilador de la Comisión Mixta. 
  3. Que el Senado apruebe una nueva discusión de la Ley Monsanto para las Comisiones parlamentarias, no en el pleno de la sala, para desarrollar una verdadera discusión de fondo, de cara a la ciudadanía, una discusión de verdad, con consulta indígena. 
  4. Que previo a la votación se ejecute la consulta indígena que ordena el Convenio 169 de la OIT, que el Congreso se excusa aplicar por ausencia de reglamento, cuando puede hacer consultas ad hoc (sin reglamentos), como ha recomendado James Anaya, relator ONU de Pueblos Indígenas. 
  5. Que no caeremos en la trampa de que el rechazo en enero de la ley es bueno. Sabemos lo mal que funcionan las comsiones mixtas, más aún a fin de año. Experiencias con comisiones mixtas ya tuvimos con la Ley de Pesca, que tiene serias denuncias de coimas a parlamentarios, aprobada sin consulta indígena, en favor de las 7 familias dueñas del mar, mecanismo mutilador que extrañamente celebraron algunas ONGs ambientalistas en esa oportunidad.
  6. Junto con ello, el Tratado TIRFA de la FAO, que beneficia a los agricultores, sigue sin tramitarse en el Congreso. No se ha suscrito el Protocolo de Nagoya. Tanta legislación buena entrampada ¿y quieren votar a fin de año y a fin de un gobierno esta ley tan dañina? Pedimos que se tramite esta legislación primero, y no la Ley Monsanto, que tantas críticas serias ha recibido. 

Ya basta de falsos anuncios, de mentiras, los indígenas y los ciudadanos libres de este país ya no arrastramos la bolsa del pan. No nos mientan más. Estaremos pendientes, cada vez más.



ARIEL LEÓN BACIAN
PUEBLOS ORIGINARIOS UNIDOS

JOSÉ ESCALONA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INDÍGENA WE MONGEN ANTU
REPRESENTANTE DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE MULCHEN

VERÓNICA PARADA
UNIDOS PARA LA VIDA - PUNTA ARENAS

CESAR HUANCA
PRESIDENTE DEL CONSEJO TERRITORIAL DE CHAPIQUIÑA, ARICA

ESTEBAN ARAYA TOROCO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTIRES LAY LAY DE CALAMA, AGRICULTOR LIKANANTAI


Ariel León Bacián
Presidente de la Corporación Cultural Aymara 
Jacha Marka Aru 
Miembro de la Mesa Ejecutiva de Pueblos Originarios Unidos
POU
09-98839821
Twitter:  arielleonbacian
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miércoles, 15 de enero de 2014

“La obesidad y el hambre son dos caras de un sistema alimentario que no funciona”

mcdonEntrevista a Esther Vivas en la revista Mundo rural
Con motivo de su visita a Tenerife para  la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), tenemos la oportunidad de charlar con Esther Vivas, activista social e  investigadora de políticas agrarias y alimentarias.
¿Cuál es el estado del   actual modelo de producción, de distribución y consumo de alimentos?
Hoy, mientras millones de personas en el mundo no tienen qué comer, otros comen demasiado y mal. La obesidad y el hambre son dos caras de una misma moneda. La de un sistema alimentario que no funciona y que condena a millones de personas a la malnutrición. Vivimos, en definitiva, en un mundo de obesos y famélicos.Las cifras lo dejan claro: 870 millones de personas en el planeta pasan hambre, mientras 500 millones tienen problemas de obesidad, según indica el informe El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2013, publicado recientemente por la FAO ( la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), y que este año analiza la lacra de la malnutrición. Una problemática que no sólo afecta a los países del Sur, sino que aquí cada vez nos resulta más cercana.
El hambre severa y la obesidad son sólo la punta del iceberg. Como añade la FAO, dos mil millones de personas en el mundo padecen deficiencias de micronutrientes (hierro, vitamina A, yodo…), el 26% de los niños tienen, en consecuencia, retraso en el crecimiento y 1.400 millones viven con sobrepeso. El problema de la alimentación no consiste sólo en si podemos comer o no, sino en qué ingerimos, de qué calidad, procedencia, cómo ha sido elaborado. No se trata sólo de comer sino de comer bien.
¿Y quién sale ganando con este modelo?
La industria agroalimentaria y la gran distribución, los supermercados, son los principales beneficiarios. Alimentos kilométricos (que vienen de la otra punta del mundo), cultivados con altas dosis de pesticidas y fitosanitarios, en condiciones laborales precarias, prescindiendo del campesinado, con poco valor nutritivo… son algunos de los elementos que lo caracterizan. En definitiva, un sistema que antepone los intereses particulares del agribusiness a las necesidades alimentarias de las personas.
Como afirma Raj Patel en su obra ‘Obesos y famélicos’ (Los libros del lince, 2008): “El hambre y el sobrepeso globales son síntomas de un mismo problema. (…) Los obesos y los famélicos están vinculados entre si por las cadenas de producción que llevan los alimentos del campo hasta nuestra mesa”. Y añado: para comer bien, para que todos podamos comer bien, hay que romper con el monopolio de estas multinacionales en la producción, la distribución y el consumo de alimentos. Para que  por encima del afán de lucro, prevalezca el derecho a la alimentación de las personas
¿Y quién sale perdiendo?
Estamos corriendo el riesgo del desmantelamiento de un sector, el agrario, estratégico para nuestra economía. Algo que no es nuevo, pero que con las actuales medidas no hace sino agudizarse. Hoy, menos del 5% de la población activa en el Estado español trabaja en la agricultura, y una parte muy significativa son personas mayores. Algo que, según los estándares actuales, es símbolo de progreso y modernidad. Tal vez, tendríamos que empezar a preguntarnos con qué parámetros se definen ambos conceptos.
La agricultura campesina es una práctica en extinción. Anualmente, miles de fincas cierran sus puertas. Sobrevivir en el campo y trabajar la tierra no es tarea fácil. Y es que quiénes más salen perdiendo en el actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos son, precisamente, aquellos que producen la comida. La renta agraria se situaba en 2007, según la COAG, en un 65% de la renta general. Su empobrecimiento es claro. Avanzamos hacia una agricultura sin campesinos.Y, si estos desaparecen, ¿en manos de quién queda nuestra alimentación?
¿Qué relación tiene esto con la actual situación de crisis?
La crisis económica no ha hecho sino empeorar esta situación. Cada vez más personas son empujadas a comprar productos baratos y menos nutritivos, según se desprende del informe ‘Generación XXL’ (2012), de la compañía de investigación IPSOS. Como estos indican, en Gran Bretaña, por poner un caso, la crisis ha hecho que las ventas de carne de cordero, verduras y fruta fresca hayan disminuido considerablemente, mientras que el consumo de productos envasados, como galletas y pizzas, haya aumentado en los últimos cinco años. Una tendencia generalizable a otros países de la Unión Europea.
Millones de personas sufren hoy las consecuencias de este modelo de alimentación “fast food”, que acaba con nuestra salud. Las enfermedades vinculadas a lo que comemos no han hecho sino aumentar en los últimos tiempos: diabetes, alergias, colesterol, hiperactividad infantil, etc. Y esto tiene consecuencias económicas directas. Según la FAO, la estimación global del coste económico del sobrepeso y la obesidad fue, en 2010, aproximadamente de 1,4 billones de dólares
¿Existe alguna alternativa? ¿cuáles son los elementos y las condiciones necesarias  para ellas?
Como indica la organización internacional GRAIN, la producción de comida se ha multiplicado por tres desde los años 60, mientras que la población mundial tan sólo se ha duplicado desde entonces, pero los mecanismos de producción, distribución y consumo, al servicio de los intereses privados, impiden a los más pobres la obtención necesaria de alimentos.
El acceso, por parte del pequeño campesinado, a la tierra, al agua, a las semillas… no es un derecho garantizado. Los consumidores no sabemos de dónde viene aquello que comemos, no podemos escoger consumir productos libres de transgénicos. La cadena agroalimentaria se ha ido alargando progresivamente alejando, cada vez más, producción y consumo, favoreciendo la apropiación de las distintas etapas de la cadena por empresas agroindustriales, con la consiguiente pérdida de autonomía de campesinos y consumidores.
Frente a este modelo dominante del agribusiness, donde la búsqueda del beneficio económico se antepone a las necesidades alimentarias de las personas y al respeto al medio ambiente, surge el paradigma alternativo de la soberanía alimentaria. Una propuesta que reivindica el derecho de cada pueblo a definir sus políticas agrícolas y alimentarias, a controlar su mercado doméstico, impedir la entrada de productos excedentarios a través de mecanismos de dumping, a promover una agricultura local, diversa, campesina y sostenible, que respete el territorio, entendiendo el comercio internacional como un complemento a la producción local. La soberanía alimentaria implica devolver el control de los bienes naturales, como la tierra, el agua y las semillas, a las comunidades y luchar contra la privatización de la vida.
¿No son estas propuestas utópicas? ¿Qué estrategias se requieren?
Uno de los argumentos que utilizan los detractores de la soberanía alimentaria es que la agricultura ecológica es incapaz de alimentar al mundo. Pero contrariamente a este discurso, varios estudios demuestran que tal afirmación es falsa. Así lo constatan los resultados de una exhaustiva consulta internacional impulsada por el Banco Mundial en partenariado con la FAO, el PNUD, la UNESCO, representantes de gobiernos, instituciones privadas, científicas, sociales, etc., diseñado como un modelo de consultoría híbrida, que involucró a más de 400 científicos y expertos en alimentación y desarrollo rural durante cuatro años.
Es interesante observar como, a pesar de que el informe tenía detrás a estas instituciones, concluía que la producción agroecológica proveía de ingresos alimentarios y monetarios a los más pobres, a la vez que generaba excedentes para el mercado, siendo mejor garante de la seguridad alimentaria que la producción transgénica. El informe del IAASTD, publicado a principios del 2009, apostaba por la producción local, campesina y familiar y por la redistribución de las tierras a manos de las comunidades rurales. El informe fue rechazado por el agribusiness y archivado por el Banco Mundial, aunque 61 gobiernos lo aprobaron discretamente, a excepción de Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros.
Alcanzar este objetivo requiere una estrategia de ruptura con las políticas agrícolas neoliberales impuestas por la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han erosionado la soberanía alimentaria de los pueblos a partir de sus dictados de libre comercio, planes de ajuste estructural, endeudamiento externo, etc. Frente a estas políticas, hay que generar mecanismos de intervención y de regulación que permitan estabilizar los precios, controlar las importaciones, establecer cuotas, prohibir el dumping y en momentos de sobre-producción crear reservas específicas para cuando estos alimentos escaseen. A nivel nacional, los países tienen que ser soberanos a la hora de decidir su grado de autosuficiencia productiva y priorizar la producción de comida para el consumo doméstico, sin intervencionismos externos.
Pero, reivindicar la soberanía alimentaria no implica un retorno romántico al pasado, sino que se trata de recuperar el conocimiento y las prácticas tradicionales y combinarlas con las nuevas tecnologías y los nuevos saberes. No debe consistir tampoco en un planteamiento localista, ni en una “mistificación de lo pequeño” sino en repensar el sistema alimentario mundial para favorecer formas democráticas de producción y distribución de alimentos.
¿A qué responde el auge  de los grupos de consumo? ¿cómo ha sido la evolución más reciente de estos grupos en España?
Los grupos y las cooperativas de consumo plantean un modelo de agricultura cuyos objetivos se centran en acortar la distancia entre producción y consumo, en unas relaciones de confianza y solidaridad entre ambos extremos de la cadena, entre el campo y la ciudad; en apoyar una agricultura campesina y de proximidad que cuida de nuestra tierra y que defiende un mundo rural vivo con el propósito de poder vivir dignamente del campo; y en  promover una agricultura ecológica y de temporada, que respete y tenga en cuenta los ciclos de la tierra. Asimismo, en las ciudades, estas experiencias permiten fortalecer el tejido local, generar conocimiento mutuo y promover iniciativas basadas en al autogestión y la autoorganización.
De hecho, la mayor parte de los grupos de consumo se encuentran en los núcleos urbanos, donde la distancia y la dificultad para contactar directamente con los productores es más grande, y, de este modo, personas de un barrio o una localidad se juntan para llevar a cabo “otro consumo”. Existen, asimismo, varios modelos: aquellos en que el productor sirve semanalmente una cesta, cerrada, con frutas y verduras o aquellos en que el consumidor puede elegir qué alimentos de temporada quiere consumir de una lista de productos que ofrece el campesino o campesinos con quien trabaja. También, a nivel legal, encontramos mayoritariamente grupos dados de alta como asociación y unos pocos, de experiencias más consolidadas y con larga trayectoria, con formato de sociedad cooperativa.
Los primeros grupos surgieron, en el Estado español, a finales de los años 80 y principios de los 90, mayoritariamente, en Andalucía y Catalunya, aunque también encontramos algunos en Euskal Herria y el País Valencià, entre otros. Una segunda oleada se produjo en los años 2000, cuando éstas experimentaron un crecimiento muy importante allá donde ya existían y aparecieron por primera vez donde no tenían presencia. A día de hoy, estas iniciativas se han consolidado y multiplicado de manera muy significativa, en un proceso difícil de cuantificar debido a su propio carácter.
El auge de estas experiencias responde, desde mi punto de vista, a dos cuestiones centrales. Por un lado, a una creciente preocupación social acerca de qué comemos, frente a la proliferación de escándalos alimentarios, desde hace algunos años, como las vacas locas, los pollos con dioxinas, la gripe porcina, la e-coli, etc. Comer, y comer bien, importa de nuevo. Y, por otro lado, a la necesidad de muchos activistas sociales de buscar alternativas en lo cotidiano, más allá de movilizarse contra la globalización neoliberal y sus artífices. De aquí, que justo después de la emergencia del movimiento antiglobalización y antiguerra, a principios de los años 2000, una parte significativa de las personas que participaron activamente en estos espacios impulsaran o entraran a formar parte de grupos de consumo agroecológico, redes de intercambio, medios de comunicación alternativos, etc.
¿Qué papel tienen las mujeres en este proceso?
Avanzar en la construcción de alternativas al actual modelo agrícola y alimentario implica incorporar una perspectiva de género. Se trata de reconocer el papel que las mujeres tienen en el cultivo y la comercialización de aquello que comemos. Entre un 60 y un 80% de la  producción de alimentos en los países del Sur, según datos de la FAO, recae en las mujeres. Éstas son las principales productoras de cultivos básicos como el arroz, el trigo y el maíz, que alimentan a las poblaciones más empobrecidas del Sur global. Pero a pesar de su papel clave en la agricultura y en la alimentación, ellas son, junto a los niños y niñas, las más afectadas por el hambre.
Las mujeres, en muchos países de África, Asia y América Latina enfrentan enormes dificultades para acceder a la tierra, conseguir créditos, etc. Pero estos problemas no sólo se dan en el Sur, en Europa muchas campesinas padecen una total inseguridad jurídica, ya que la mayoría de ellas trabajan en explotaciones familiares donde los derechos administrativos son propiedad exclusiva del titular de la explotación y las mujeres, a pesar de trabajar en ella, no tienen derecho a ayudas, a la plantación, a una cuota láctica, etc.
La soberanía alimentaria tiene que romper no sólo con un modelo agrícola capitalista sino también con un sistema patriarcal, profundamente arraigado en nuestra sociedad, que oprime y supedita a las mujeres. Una soberanía alimentaria que no incluya una perspectiva feminista estará condenada al fracaso.
*Entrevista publicada en la revista Mundo rural, nº13 del AgroCabildo, Cabildo de Tenerife.
fuente http://esthervivas.com/

martes, 14 de enero de 2014

Histórica organización mapuche Ad Mapu analiza escenario político

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Ana Llao, Consejera Mapuche de la Conadi y miembro del Ad Mapu, da cuenta de la gran promesa en falta del gobierno ad portas del retiro: la demanda territorial indígena. “Como Ad Mapu no podemos quedarnos en la vereda de enfrente, menos ahora que estamos viviendo toda esta ola represiva al interior de nuestras comunidades. Vivimos con un gobierno que de la única forma que supo responder fue con fuerza y deteniendo a dirigentes”.
Más de 80 dirigentes mapuche se reunieron en la jornada de discusión de la Organización Nacional Mapuche Ad Mapu con el objetivo de analizar y debatir lo que son las cuentas pendientes que deja el actual gobierno de Sebastián Piñera y las promesas de programa con que llegaría la mandataria electaMichelle Bachelet.
“A esta altura no podemos empezar a llorar frente a lo que hizo y no hizo el Presidente Piñera, que especialmente refiere a la demanda territorial indígena, a los proyectos productivos y las becas indígenas”, afirma Ana Llao. Como ejemplos concretos Llao menciona las más de 166 comunidades a las que se les indicó “aplicabilidad”, y que ahora se sumarán a las pendientes que ya había dejado el anterior mandato de Michelle Bachelet. “Son temas que desde ya tenemos que empezar a preparar y conversar con el gobierno que asumirá ahora en marzo”.
Son tiempos de análisis profundos para los mapuche, indica la Consejera de la Conadi, períodos de reflexión que deben darse dentro de las comunidades con el fin también de conseguir una propia catarsis política en las organizaciones. “Como Ad Mapu no podemos quedarnos en la vereda de enfrente, menos ahora que estamos viviendo toda esta ola represiva al interior de nuestras comunidades. Vivimos con un gobierno que de la única forma que supo responder fue con fuerza y deteniendo a dirigentes”.
En cuanto a los compromisos que no respondió el Presidente Sebastián PiñeraAna Llao también destaca los programas indígenas: Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y Chile Indígena, respecto a este último la Consejera indica, “nos hemos ido enterando que está sin presupuesto para funcionar el próximo año”.
Finalmente Llao da cuenta de lo que correspondería a sus primeros pasos, pues reconoce que todo debe hacerse de acuerdo al contexto político en que se desarrollen las cosas y por ende no pueden adelantarse. “Una vez que conozcamos al gabinete y los Intendentes que acompañarán a la Presidenta electa Michelle Bachelet, recién entonces vamos a sacar nuestra propuesta. Esto que estamos haciendo es un trabajo serio, que no quiere decir que vamos a aceptar a cabeza gacha y a ojos cerrados que nos traigan un paquete de gobierno”.
Por María Jesús Ibáñez Canelo
fuente: El Ciudadano

sábado, 11 de enero de 2014

Documental "Cenizas": Causas y repercusiones de los incendios forestales

Argentina junto a Uruguay y Brasil son paises en que el empresariado forestal chileno se ha expandido. A través de las marcas MININCO, CMPC y ARAUCO, los clanes Matte y Angelini han construido fortunas que no sólo les han permitido construir los puertos de Lirquén y Coronel, respectivamente, sino que también les ha posibilitado extender sus negocios hacia naciones hermanas. 
Los paises de nuestra América no han superado la vieja, pero a la vez, vigente estructura económica, por medio de cual se ve a su territorio como una fuente de recursos a disposición de ser convertidos en dinero de la manera más rápida y barata, en un ciclo que le llaman progreso o desarrollo, conceptos evocadores de imágenes completamente distintas a la realidad que ocultan. Una de estas realidades que contradice estas falacias son los incendios forestales y la escasez de agua.
Un equipo de realizadores argentinos realizó el documental "Cenizas" que según sus realizadores "aborda la problemática del retroceso del bosque nativo en la provincia de Córdoba, tomando como punto de partida los incendios forestales" para constatar los cambios que se producen en la cultura, el ambiente y la economía de los lugares afectados.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xkzUyt-SNWk


fuente:resumen.cl

miércoles, 8 de enero de 2014

Gobierno quita urgencia a la “Ley Monsanto” en medio de acusación de conflicto de interés contra ministro de Agricultura

Proyecto debía discutirse este martes en la Cámara Alta
Furtwangl (CC)
Fue el senador del MAS Alejandro Navarro quien abrió los fuegos al asegurar que Luis Mayol posee junto a su familia acciones de una empresa que distribuye a todo el país semillas patentadas vía derechos UPOV, por lo que sacaría provecho personal de la aprobación de la iniciativa, que fue retirada esta tarde de la tabla del Senado.

La iniciativa debía ser discutida durante la presente jornada en la sala del Senado. Sin embargo la decisión del Ejecutivo de modificar los plazos de su tramitación legislativa llevó a que fuera sacada de la tabla.
La noticia se conoce pocas horas después de la arremetida del senador del MAS, Alejandro Navarro, quien en su página web  denunció que el ministro de Agricultura,  Luis Mayol, enfrentaría un conflicto de interés por el hecho de ser propietario, junto a su familia, de acciones de una empresa que distribuye semillas patentadas vía derechos establecidos por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov),  lo que implica, dijo, “que en el marco de la discusión de la Ley Monstanto, ha trabajado en presionar para beneficio propio y en pos de pavimentarle el camino a los gigantes de la transgenia para que cumplan con su maquineo monopólico y hegemónico”.
El parlamentario también había anunciado su voto contrario al proyecto, ya que “no soy partidario de que multinacionales se apropien de nuestros derechos naturales registrando semillas que no hayan sido antes comercializadas, como si fueran nuevas, cuando debiesen ser patentadas en protección del patrimonio natural de nuestro país”.
Respecto a Mayol, Navarro anunció que concurriría a la Contraloría para denunciarlo, por su v{inculo con la empresa Copeval, ya que a su juicio “ha ocultado al Presidente Piñera y a la ciudadanía lo que consideramos una grave falta a la probidad”.
En ese sentido afirmó que “las intenciones del ministro Mayol, junto a sus padres, es que se promulgue pronto la Ley Monsanto para aumentar el precio de las semillas y, así, mientras más ganen los clientes de Copeval, empresa que comercia insumos agroindustriales, el ministro llene más sus bolsillos con plata”.
También afirmó que el ministro “es partícipe de la sociedad Luis Mayol Bouchon y Compañía Limitada, como consta en su declaración de patrimonio e intereses, publicada por Transparencia Activa en el sitio web del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, lo que oculta es que es propietario de 670.112 acciones, equivalentes al 2.15% de Copeval, lo que vulnera su correcto actuar como secretario de Estado”.
Fuente: El Mostrador

lunes, 6 de enero de 2014

Senado se prepara para votar “Ley Monsanto” en medio de movilizaciones

Este martes se retoma el trámite del proyecto de ley sobre obtentores vegetales, lo que será precedido por manifestaciones que se han convocado en las principales ciudades del país.
monsanto-semilla-grain_thumb_medium640_480Por Fernando Seymour - Fuente: radio.uchile.cl
Este martes se retomará en el Senado la discusión del proyecto de ley que regula los derechos sobre obtentores vegetales, conocida como “Ley Monsanto”, a propósito de la empresa multinacional proveedora de productos químicos para la agricultura.
La iniciativa legal busca facilitar el registro de propiedad intelectual sobre las variedades de semillas, lo que ha generado diversas críticas. Éstas se expresarán este lunes a través de distintas movilizaciones convocadas por la organización Yo No Quiero Transgénicos en Chile, que agrupa a distintas organizaciones sociales y medioambientales contrarias al proyecto de ley.
¿Cuál es problema de fondo que explica el rechazo a esta iniciativa legal? El biólogo Iván Santandreu, representante de la organización Chile Sin Transgénicos, consideró que “el punto más crítico, que es prácticamente un descaro para la opinión pública y los agricultores, es que las grandes corporaciones y compañías multinacionales pueden registrar semillas que no hayan sido previamente comercializadas, como si fueran nuevas”.
O sea, mando agrónomos de mi empresa al campo y si estas semillas nunca han sido comercializadas anteriormente, puedo registrarlas como propias, porque son nuevas”, explicó al programa Semáforo de Radio Universidad de Chile.
Respecto a la convocatoria del lunes, titulada “Yo voto por semillas libres”, Lucía Sepúlveda, representante de la Red de Acción en Plaguicidas (Rapal Chile), detalló que en Santiago se desarrollará una velatón, programada para las 19 horas en Plaza Baquedano.
También habrá actividades en otras ciudades del país, como Valparaíso, Concepción, Chillán, Temuco, Puerto Montt y Puerto Varas.
Es un llamado a nivel nacional: en todas las regiones hay actividades y la idea es que se dirijan a los senadores de cada región, para recordarles su compromiso. Que ellos sientan que los ciudadanos de este país no están dispuestos a que se vote apresuradamente una ley que va a dañar a los campesinos y la biodiversidad, una ley que no le conviene a las grandes mayorías del país, sino a los que hacen negocios con las semillas híbridas y transgénicas”, dijo Lucía Sepúlveda.
Uno de los senadores que anuncio su rechazo al proyecto es el socialista Juan Pablo Letelier, quien además anticipó los siguientes pasos que se sumarán a la discusión: “Este debate precede a otro debate que también va a ocurrir sobre el uso de transgénicos, porque algunos creen equivocadamente que esta ley es de los transgénicos, pero ese es un debate que viene después, que va a ser más complejo y duro, donde sí hay empresas, como Monsanto, que ya han sido expulsadas de otros países”, afirmó.
La senadora UDI Ena Von Baer, hija del empresario Erik von Baer, anunció que se inhabilitará de la votación, conflictos de interés a los que se suma el ministro de Agricultura, Luis Mayol, quien desde marzo regresará a la empresa Copeval S.A., distribuidora de semillas y otros insumos agrícolas, y de la cual es accionista mayoritario.
El proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la comisión de Agricultura del Senado, fue ingresado al Congreso en enero de 2009, durante el gobierno de Michelle Bachelet.