El modelo forestal tensiona las relaciones al interior de cada familia mapuche, comunidad y localidad. Al estar enfocada la ley a pequeños y medianos propietarios, provocará mayor conflicto entre mapuches, o entre mapuches vs pequeños propietarios, como ya ha venido ocurriendo. La expansión forestal en los últimos 40 años ha dejado mucho dinero en Santiago, pero en Tirua, Cañete, Ercilla, Collipulli, Lumaco y Traiguén ha dejado emigración y violencia.
Por LUIS GARCÍA HUIDOBRO, Jesuita chileno.
Fuente: www.elmostrador.cl
Hace casi 40 años la dictadura impuso como modelo de desarrollo para el territorio mapuche la industria forestal, a través de la concentración del territorio reclamado por las comunidades en 2 grupos económicos (entonces Matte y Cruzat, luego Cruzat fue reemplazado por Angelini). Para esto, junto con una contrareforma agraria llevada a cabo con los métodos violentos por todos conocidos, se decretó en 1974 una ley de fomento para monocultivos exógenos (pino y eucalipto).
Hoy el parlamento discute una nueva ley para seguir fomentando los monocultivos exógenos por 20 años más. Una vez consolidado el territorio para la explotación forestal, se propone incorporar a este negocio a pequeños y medianos propietarios, como ya se empezó a hacer al revalidar el fomento forestal durante la Concertación.
Probablemente los diputados, para aprobar el proyecto actual sin una adecuada consulta indígena acorde al Convenio 169 de la OIT, tomaron en cuenta los resultados macroeconómicos de las plantaciones y creen con sinceridad que es justo expandir este negocio a pequeños y medianos propietarios, junto con seguir fomentando esta exitosa industria. Detrás está la lógica desarrollista que entra en tensión con una visión más respetuosa del medio ambiente y la diversidad cultural, y especialmente la visión de los pueblos indígenas sobre el buen vivir en esta tierra.
El senado debiera considerar que para la Corte Interamericana (caso Sarayaku v/s Ecuador) “la obligación de consulta a los pueblos indígenas es un principio general del Derecho Internacional” que debe aplicarse “previamente en todas las fases del proceso de producción normativa”. Es de recordar que el Relator ONU James Anaya en su informe al Gobierno de noviembre del año pasado, donde aborda largamente el tema de los estándares de consulta, hace explícita mención a la ley forestal, junto con la ley de pesca, como medidas que el Estado tiene el deber de consultar de manera apropiada. El Relator en el mismo documento rechaza la apelación al “interés nacional o bien común” para vulnerar los derechos indígenas, puesto que “los derechos humanos de los pueblos indígenas forman parte del bien común”.
En el caso particular de la consulta que se realizó sobre la ley forestal, el mismo informe de Conaf destaca que, en distintas instancias, numerosas organizaciones indígenas de La Araucanía y Los Ríos plantearon que se auto marginarían del proceso en protesta al Decreto 124 que regula las consultas, tanto así que en Los Ríos por ese motivo no se registra ninguna observación. También da cuenta el informe de que en Los Lagos expresamente se tomó la decisión de no hacer consulta, sino mera difusión. En cuanto a la Provincia de Arauco, en la Región del Bío Bío, el Senador Mariano Ruiz Esquide tuvo la oportunidad de conversar con representantes de la Mesa de Lonkos, que le plantearon que se hicieron pasar talleres de difusión como consultas. Estos antecedentes son suficientes para que los parlamentarios rechacen tramitar esta ley, a riesgo de asumir responsabilidades internacionales por no cumplir el deber de consulta.
Aún si se validara la consulta, ¿qué hará el parlamento con las numerosas propuestas que plantean derechamente que no se incentiven las plantaciones exóticas con propósito productivo, que se excluya de los incentivos la forestación con fines madereros, o aquellas que proponen que más bien se incentiven las plantaciones nativas? ¿Qué harán con las numerosas propuestas que directamente van en la línea de prohibir plantaciones exóticas a las grandes empresas forestales?.
La propuesta más mencionada en el proceso de consulta en La Araucanía, según da cuenta el informe de Conaf, fue “fomentar la forestación con especies nativas” y la tercera fue que “las comunidades expresan su desacuerdo con el establecimiento de especies exóticas, (pino y eucalipto) debido a que han causado daño en el medio ambiente, produciendo disminución de las aguas y pérdida de biodiversidad”. Es decir, que a pesar de haberse “consultado” sin estándares adecuados, de todas formas hubo franca oposición, pero el parlamento quiere pasar eso por alto y hacer oídos sordos. Al legislar en estas condiciones el parlamento está violando el Convenio 169.
Sin duda, todavía existe entre nosotros mucha ignorancia respecto del mundo mapuche, pero el Estado tiene exigencias internacionales que cumplir, que implicarán un cambio importante de mentalidad respecto a lo que entendemos por “desarrollo”, “progreso” y “beneficio general”. La invitación es a preguntarnos cuáles son los valores de los pueblos indígenas que la sociedad occidental debe hacer propios para una vida más sana y sustentable en el planeta. Ese es el sentido profundo de haber ratificado el Convenio 169.
Tenemos la convicción de que es necesario un nuevo modelo económico para el territorio mapuche, acorde a la sabiduría de las y los machi, kimche y otras autoridades espirituales. Ellos saben que existe un orden en la naturaleza que hay que saber respetar, y que no se puede lucrar con la tierra o usarla de cualquier manera. Todo tiene un orden según su diversidad, cuyos principios orientadores son la reciprocidad y el respeto –pedir permiso para usar un territorio, no dañarlo sino solamente sacar lo que se necesita- lo que es incompatible con el monocultivo exógeno indiscriminado.
Se nos hace difícil imaginar que nuestros legisladores estén ponderando suficientemente el daño a la biodiversidad que estas enormes plantaciones exógenas ya han producido en las provincias de Arauco, Malleco, Cautín. Nos parece inaceptable que la ley no distinga entre bosques nativos y plantaciones forestales, más aún que el informe técnico de Conaf diga que no entiende qué sentido tiene esa distinción que varias organizaciones indígenas plantearon durante el proceso de consulta. Tampoco sabemos si para decir que el fomento forestal es de “interés nacional” analizarán los datos micro-económicos que demuestran que los territorios forestales concentran parte importante de las poblaciones que en los últimos 40 años se han mantenido como las más pobres y con menor índice de desarrollo humano de todo el país, generando una emigración masiva. ¿Considerarán que de cada 20 hectáreas plantadas de pino o eucalipto, la industria forestal y de celulosa en su conjunto da trabajo a una sola persona? ¿Se preguntarán por qué se requieren tantas fuerzas policiales para resguardar un modelo supuestamente tan beneficioso?.
El modelo forestal tensiona las relaciones al interior de cada familia mapuche, comunidad y localidad. Al estar enfocada la ley a pequeños y medianos propietarios, provocará mayor conflicto entre mapuches, o entre mapuches vs pequeños propietarios, como ya ha venido ocurriendo. La expansión forestal en los últimos 40 años ha dejado mucho dinero en Santiago, pero en Tirua, Cañete, Ercilla, Collipulli, Lumaco y Traiguén ha dejado emigración y violencia. Los parlamentarios desde Santiago o Valparaíso no están viendo estas realidades. Con 2/3 de la superficie de la Provincia de Arauco cubierta de pino y eucalipto, nos toca ver a diario las consecuencias negativas del modelo.
La sociedad actual valora el patrimonio cultural que representa el Pueblo Mapuche. Incluso se aprueban políticas públicas para fomentar y proteger este patrimonio. Sin embargo, si no se aborda desde una perspectiva política y macroeconómica sustentable a largo plazo, se trata solamente de un fomento folklórico. El patrimonio cultural mapuche está ligado a la biodiversidad de un territorio que hoy está colonizado y amenazado por las forestales.
Creemos que es una irresponsabilidad aprobar un Fomento Forestal por 20 años más, es decir que la discusión se vuelva a dar cuando ya se haya terminado de depredar el territorio; menos hacerlo como se está haciendo: sin consulta adecuada, sin estudios sobre los efectos sociales y ambientales de su aplicación por 40 años, sin una reflexión profunda sobre qué entendemos por desarrollo, cómo se relaciona con los valores indígenas y con la sana convivencia social y ambiental.
Por el contrario, los recursos públicos deben orientarse a recuperar el territorio mapuche y fomentar modos de utilizarlo que sean saludables, respetuosos de la biodiversidad; que atraigan a los mapuche a ocuparlo y no a abandonarlo.
fuente: http://www.mapuexpress.net
